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Distrito 5

Nathaly Andrea Olivares Bignani

Resumen

Soy Nathaly Olivares Bignani de 35 años, soy psicóloga organizacional con magister en liderazgo y comunicación. En la actualidad me desempeño como directora de una empresa de desarrollo de talentos y organizaciones, actividad que he complementado con el rol de docente y conferencista a un amplio grupo de jóvenes, tanto en aquellos que están en enseñanza media, universidad y etapa adulta, promoviendo contenidos en función del talento, desarrollo personal y emprendimiento, instancias que he tenido la oportunidad de desempeñar en la zona norte y en Argentina. En el trascurso de mi desarrollo, he estado muy conectada con causas que han marcado en profundidad mi vida, principalmente la muerte de mi hermano debido a un crimen homofóbico, la muerte de mi padre de cáncer y la situación de postrada de mi madre, a quien cuido personalmente desde hace 3 años. Dichas causas, por lo dolorosa que ha significado, me han permitido visualizar sentires y pesares entorno a la discriminación, el abandono del Estado frente a la enfermedad y vejez, temas que se deben levantar y reescribir para construir una sociedad justa y digna para todos los Chilenos y Chilenas

Programa

Mi participación en la Convención Constitucional tiene relación con representar un mensaje asociado a la nueva manera de hacer política, bajo principios de transparencia, de participación constructiva, cruzadas con igualdad, inclusión y regionalismo, las que sostengan aquello que nos ha permitido configurar este espacio constituyente. 1) Descentralización :Las regiones y comunas de Chile requieren de un mayor poder de decisión y de mayores recursos para poder responder a las necesidades de su población, pues la hiperdependencia política y económica del poder central no está resolviendo de manera eficiente ni consciente los problemas de igualdad de oportunidades, de desarrollo, de respuesta a emergencias y de representatividad. Esta hiperdependencia genera una brecha relevante de desigualdad entre las regiones y las comunas, particularmente las más alejadas y las de menor incidencia económica. Para ello, la nueva constitución debe ampliar las facultades de los gobernadores, consejo regional, alcaldes y concejos municipales, particularmente en las áreas de necesidades esenciales -salud, educación, obras públicas, etc.- y de inversión económica; facultades que exigen un financiamiento autónomo del presupuesto fiscal y solidario entre las regiones que más y menos producen. También, a través de una verdadera descentralización, se debe reconocer la diversidad cultural de las regiones, de forma que puedan coexistir en nuestro país distintas formas de participación ciudadana, desarrollo económico y programas sociales. 2) Protección del medio ambiente: La dependencia en la extracción de recursos naturales y la incidencia del cambio climático en nuestra vida cotidiana requieren una declaración explícita en nuestro contrato social acerca de la importancia vital que tiene el medio ambiente para todas las personas. Si bien la actual constitución reconoce derechos y establece obligaciones medioambientales, se requiere elevar la protección del medio ambiente a un status jurídico superior, como la expresión material de la dignidad humana. A partir de este principio esencial, el Estado y la sociedad deben proteger los recursos necesarios para el desarrollo de la vida humana y natural, hacer un uso racional de tales recursos, desarrollar actividades económicas de manera sustentable y fomentar el uso de energías y recursos renovables y no invasivos de los ecosistemas naturales. Esto debe quedar aún más desarrollado en materia del derecho de propiedad y del libre emprendimiento, de modo que la libertad para tener y para desarrollar actividades económicas encuentre su justo límite en el cuidado de la naturaleza y en la preservación de la vida para generaciones futuras. Se debe reconocer la importancia de la relación entre la naturaleza y los pueblos indígenas como fundamento de vida. También se debe cambiar la forma de ver el agua como un bien ilimitado y comerciable, a una forma que privilegie el consumo humano y el equilibrio ecológico. 3) Inclusión sociopolítica: La nueva constitución debe ser un acuerdo de la sociedad chilena en el que todos puedan participar, verse reflejados y ser sujetos de protección en sus legítimas aspiraciones. La actual constitución nació asumiendo que todos somos un mismo tipo de personas, pero no se ha hecho cargo de la importancia que las diferencias tienen en la personalidad y sociabilidad de las personas. Por ello, se debe reconocer que todos somos chilenos, pero que hay distintas formas de ser chileno, que el Estado debe atender a todas esas formas y que las personas debemos coexistir en lo común y diferente. A partir de este reconocimiento, grupos como las mujeres, la comunidad LGBT, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los niños y los adultos mayores requieren de derechos específicos y de obligaciones que la sociedad tiene hacia ellos de modo que puedan tener una ciudadanía efectiva e igualdad de oportunidades. Además, los derechos sociales deben tener un enfoque de ciudadanía, pues mediante su reconocimiento y protección las personas pueden ser parte de la sociedad en la que buscamos realizarnos.

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