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Partido Socialista de Chile

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Lista del Apruebo

Distrito 14

Maria Jose Becerra Moro

Resumen

Provengo de una familia trabajadora de Melipilla que se radicó en San Bernardo. Estudié economía y me siento orgullosa de ser hija de la educación pública. He dedicado mi vida profesional y como investigadora a entender la desigualdad y transformarla: soy profesora universitaria y he liderado políticas públicas en economía social, como el fomento a las cooperativas y pymes, políticas económicas hacia la mujer y la niñez como la creación de la Defensoría de la Niñez y “Chile crece contigo” y desde Clacso, trabajamos en un modelo de pensiones que supere a las AFP´s. En materia constitucional, hace seis años me involucré en el movimiento Marca Tu Voto por una Asamblea Constituyente. En 2020 escribí el libro “Las Huellas del Futuro: Apuntes Municipales para una nueva Constitución” y en 2021 presentaremos el documento “La Constitución Económica para un Chile postneoliberal” elaborado en conjunto con el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible. Me presento a la Convención Constitucional porque aspiro a representar a todas y todos quienes sueñan con un nuevo modelo económico que se traduzca en bienestar económico, a través de transformaciones profundas pero graduales, donde el valor del trabajo este por sobre el valor del dinero y la concentración económica. Que dejemos atrás el Estado Subsidiario que hace de nuestras vidas un objeto de transacción en el mercado, y seamos sujetas y sujetos de derecho y protección desde que nacemos hasta que morimos. Una constitución feminista y ecológica que supere las desigualdades territoriales, las zonas de sacrificio, y este modelo injusto de desarrollo. Soy la única mujer economista de los candidatos que se presentan a la Convención Constitucional. En el Distrito 14, soy la primera opción de la Lista del Apruebo. 

Programa

Creo en un Estado democrático y social de Derecho, en una República democrática, paritaria y feminista, ecológica, plurinacional y participativa, en donde el Estado en todo momento deba garantizar la dignidad y desarrollo humano, principios que deben ordenar el quehacer de todas las autoridades que la Constitución establezca, así como de todas las actividades que realicen sus ciudadanos. Este Estado está caracterizado por: a) el principio de igualdad material, en que todo ser humano posee lo básico para subsistir; b) la consagración de derechos sociales; c) la función social de la propiedad; d) subordinación de la riqueza al interés general; e) el deber tributario y f) el mandato a los poderes públicos. Creo en el valor de la solidaridad y la cooperación para la construcción de nuevas relaciones sociales. La solidaridad debe ser un principio constitucional transformador, la solidaridad no es una muleta, no es un simple corrector de injusticias. Por ello quiero una nueva Constitución que promueva de manera permanente, en todas sus instituciones y en la conducta ciudadana, dos valores fundamentales: el respeto a la dignidad de las personas y la supremacía de la solidaridad y cooperación sobre el individualismo, para el logro de su felicidad personal y colectiva. Para Chile, quiero una Economía Social y Solidaria. En que lo “social” sea el norte en construcción de una nueva sociedad. Por ello, ser anti-neoliberal es generar un amplio espacio para la colaboración y no solo a la competencia individualista. Un concepto progresista del desarrollo y su nueva dimensión productiva, un proceso de crecimiento y cambio estructural, en el que las formas de organización (social, jurídico, educativo), el sistema de relaciones y la dinámica de aprendizaje juegan un papel estratégico, caracterizado por su dimensión territorial, en que cada localidad o región es un actor significativo y necesario. Terminar con las zonas de sacrificio, la apropiación de los recursos naturales que pertenecen a la comunidad, generar una perspectiva de desarrollo que fomente la creación de industrias nacionales, potenciando el la creación de empresas competitivas que sustituyan a los actuales poderosos oligopolios para lograr reducir la concentración económica en unos pocos privilegiados. Poner fin a la explotación de las Pymes y los emprendimientos de pequeña escala a manos de los bancos, y de los poderes que se concentran e integran, para desde esa posición de dominación, exprimir las rentas y cometer toda clase de abusos que sufren las clases más necesitadas y vulnerables de nuestro país. Para ello, es indispensable ampliar la concepción de empresa en la nueva Constitución y establecer la pluralidad económica, que abarca empresas comunitarias, de trabajadores, cooperativas, privadas y públicas, nacionales, regionales y municipales. Quiero la abolición del Rol Subsidiario del Estado. Nada más opuesto a la solidaridad que el principio de “subsidiaridad neoliberal” que encarna la Constitución aprobada en la dictadura de pinochet, quizás la máxima expresión del “sálvese quien pueda” cuando hay problemas, cuando las cosas no van fáciles. Si tiene plata, tiene salud; si paga, se educa. En Chile el Estado, aparte de subsidiario, es subsidiador del capital. El Estado no solo genera nuevos mercados para el capital, sino que subsidia al “prestador” mediante transferencias directas de dinero o garantías. La Constitución privilegia los intereses de unos pocos en desmedro de las mayorías; garantiza las condiciones del mercado y no los derechos sociales; permite que se privatice el recurso natural y apuesta por un Estado pasivo e impotente para disciplinar los poderes económicos privados. Quiero que los derechos sociales no se mercantilicen. La actual Constitución transforma los derechos sociales en mercancías para comprar, y los que son libres para acceder a esas urgencias vitales, son los que pueden pagarlos. Se debe resguardar al menos el derecho a la salud, el derecho a la educación y el deber estatal de proveer educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles y modalidades; el derecho al trabajo digno, el derecho a una renta básica, el derecho a la vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés de la comunidad y no por la especulación inmobiliaria; el derecho a la seguridad social y a prestaciones sociales suficientes y adecuadas para enfrentar situaciones de necesidad como un accidente, la invalidez, la vejez, al desempleo, el derecho a la huelga efectiva, el derecho a la negociación colectiva por empresa y sector económico o ramal, el derecho a la sindicación de todos las trabajadoras y trabajadores, y el derecho a un medio ambiente adecuado y sano. Consagrar derechos sociales y mecanismos para garantizar su plena efectividad y progresividad. Quiero un Chile con soberanía económica sobre los recursos naturales de nuestro país. Necesitamos un el control efectivo del agua, los bosques, los recursos mineros, el cobre y el litio, las especies marinas, semillas y todas aquellas que sean parte de la configuración de nuestro territorio. La ley podrá autorizar y regular todas las disposiciones relativas a la explotación y aprovechamiento de estos bienes. La propuesta es ir migrando del actual modelo de exportaciones de materia prima de bajo valor agregado, a una estrategia de industrialización de sus recursos naturales, basado en la investigación, el desarrollo científico-tecnológico y en la producción de conocimiento e innovación. Quiero una Constitución escrita por mujeres en igual proporción que los hombres. Una Constitución que nos permita superar el sistema patriarcal y neoliberal preestablecidos, que ha precarizado la vida de las personas, especialmente de las mujeres, limitando su autonomía económica, política y cultural, considerándolas como sujetas de menor respeto y valor, subordinándolas y excluyéndolas de los lugares donde de decide su futuro, nuestro futuro como mujeres. Escribir una constitución feminista significa incorporar un enfoque de género transversal, reconocer constitucionalmente el trabajo no remunerado e incorporarlo en las instituciones económicas y en las cuentas nacionales. Quiero una nueva Constitución que promueva un principio de corresponsabilidad social en el cuidado de las personas —de niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y también de enfermedad— de modo que la reproducción de la vida deje de considerarse como responsabilidad femenina, y sea asumida por el Estado, las empresas y las familias que son las instituciones sociales que necesitan este aporte básico y necesario. Quiero igualdad y no más discriminación, el derecho a una vida libre de violencia de género, el derecho a la intimidad, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a cuidar y ser cuidado y cuidada, el derecho a una renta básica universal, al buen trato. También derechos que protegen la intimidad digital y los demás derechos de nuestra era de la información como los neuroderechos, el derecho a la nacionalidad y el derecho a una buena administración pública, al buen trato tanto del Estado como el de las empresas privadas. Quiero que el valor del trabajo decente esté por sobre el valor del dinero y la concentración económica. El trabajo como actividad que dignifica al ser humano y que permite su realización. Ello requiere su necesario aseguramiento, remuneraciones dignas, protección de las y los trabajadores en sus fuentes laborales, fortalecimiento de sindicatos y federaciones, consejos tripartitos de salarios y negociación colectiva ramal. El trabajo decente es también aquel que no se remunera por los cuidados que producen y reproducen la vida. Quiero una Constitución Ecológica y que caminemos hacia el Ecosocialismo. La protección especial de la naturaleza, garantizar el derecho a un medio ambiente sano, consagrar los principios preventivos y precautorios. Al mismo tiempo, se debe establecer un principio de solidaridad intergeneracional que vele por el derecho de las futuras generaciones a acceder a un medio ambiente sano. A su vez, el Estado deberá velar por un desarrollo sostenible en donde las actividades productivas sean acordes con dicho desarrollo y no mero extractivismo capitalista sin fin. Quiero que consagremos el derecho humano al agua para disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico y para fines productivos, debiéndose prioridad constitucional el consumo humano. Se requiere establecer un auténtico régimen público de las aguas como Bien Nacional de Uso Público, castigando a especuladores y acaparadores. Dado su carácter de recurso esencial, en la propiedad debe primar la función social y eficiente, por ello se debe consagrar planificación y gestión adecuadamente y en pro del bien común por ello es necesaria la gestión por cuencas hidrográficas (para contabilizar y controlar el agua disponible y efectuar una eficaz Gestión Integral de los Recursos Hídricos). El Estado debe ser garante de la distribución, uso y acceso del agua como recurso, y por último la sustentabilidad de las aguas subterráneas o acuíferos, fortaleciendo además la calidad de las aguas y la preservación ecosistémica. Quiero una Constitución donde las instituciones económicas promuevan un modelo de desarrollo económico basado en la justicia social, la economía real y no la financiera. Un sistema tributario que declare su progresividad en el pago de impuestos, y una potencial descentralización tributaria; una política fiscal y monetaria, un Banco Central con una autonomía responsable que promuevan un modelo de crecimiento, acumulación y desarrollo de carácter justo y sostenible. Quiero que niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como ciudadanos y como sujetos de derechos desde que nacen. Con esto es muy importante incorporar un enfoque de niñez en la discusión de la Convención Constitucional. El bienestar de la niñez debe ser un indicador clave para el desarrollo y bienestar de la sociedad. La consideración central de bienestar y desarrollo infantil, apuesta por un cambio de mirada sobre los procesos de toma de decisión en políticas públicas, tales como; medioambiente, diseño urbano, vivienda, transporte, energía, sistema de cuidado, condiciones laborales de los padres o adultos responsables etc. Otro elemento clave es la su participación activa, informada e incidente de niñas y niños en los temas que tienen que ver con su bienestar. Lucharé por una Constitución que reconozca el rol de los municipios, que visibilice las desigualdades territoriales y las corrija. Esto significa reconocer que los procesos de descentralización no son sólo regionales, sino también entre comunas de una misma región y distrito. El rol de los municipios es decisivo en una nueva Constitución porque son los espacios territoriales más próximos a las y los ciudadanos pero los más desiguales, porque no cuentan con instrumentos para el desarrollo económico local. A nivel de derechos, será vital la implementación de garantías explícitas territoriales, es decir incorporar mecanismos de aseguramiento de derechos económicos sociales y culturales, civiles y políticos desde los territorios desde donde las y los ciudadanos habitan. Quiero una Constitución que garantice el derecho a la seguridad de todas y todos los ciudadanos, con una policía democrática al servicio de la comunidad y la protección de sus derechos. Para una adecuada construcción de seguridad pública se requiere de la participación ciudadana en una variedad de temas que involucran la seguridad de las personas: el uso de los espacios públicos, las redes de contención para jóvenes, la gestión de proyectos y la formulación de políticas públicas. Esto también significa, la refundación de Carabineros de Chile, un único escalafón y la subordinación real al poder civil y democrático. Quiero mayor participación de la ciudadanía. Propongo la iniciativa popular de ley, referéndums, plebiscitos, la revocatoria de autoridades, mecanismos de presupuestos participativos y la consagración en la Constitución del derecho fundamental al acceso a la información pública y de la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas. Además es indispensable la creación de un Defensor del Pueblo y de la Naturaleza. Quiero un Estado Plurinacional que permita la convivencia igualitaria dentro de un mismo Estado de las diversas naciones que son parte de nuestro Chile. Por ello, terminar con la exclusión política y lograr una incorporación igualitaria reconociendo las diferencias culturales y lingüísticas de sujetos históricamente excluidos del orden constitucional, como ocurre con los pueblos indígenas. La libre determinación debe reflejarse entre otros aspectos en el respeto y recuperación de la propiedad tradicional de las tierras ancestrales indígenas, en el reconocimiento del rol de los pueblos indígenas como garantes de la biodiversidad y de los equilibrios de la naturaleza, y en los deberes del Estado con la protección del patrimonio cultural indígena.

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Economista U. de Chile - London School of Economics - Investigadora Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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