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La Lista Del Pueblo

Distrito 3

Wilfredo Eduardo Lobos Godoy

Resumen

Soy Wilfredo Eduardo Lobos Godoy, más conocido como el “Profe Will”. Siempre me he desempeñado como docente en la Educación Pública. Vengo de familia humilde, mis estudios fuero a costa de endeudamiento y becas conseguidas como cualquier ciudadano. Veo día a día, como los jóvenes y sus familias, carecen de oportunidades verdaderas y reales para un crecimiento personal y laboral. Pertenezco al Movimiento Social y Pedagógico “Docencia Ciudadana”, así como también al sector de educación, el cual me siento orgulloso de representar desde mi convicción de Justicia Social y objetivo final colectivo de Igualdad y Dignidad. Como candidato a la convención constituyente, he asumido con absoluta responsabilidad la importancia del actual proceso político que estamos viviendo, sin embargo, también es de vital importancia recordarles, el gigantesco desafío que tenemos como ciudadanos en este importante acontecimiento histórico, el cual tiene por objetivo, crear una nueva carta magna para nuestro país, y de esta manera, remplazar la vigente constitución política, para crear una carta fundamental legitimada a partir de la participación ciudadana, como garante de un verdadero sistema democrático. Una de las principales implicancias que tiene crear una nueva constitución política, a partir de la participación y demandas ciudadanas, radica en la redistribución del poder, el cual ha estado capturado por mucho tiempo por la clase política de nuestro país, la cual ha actuado como fieles sirvientes de los principales conglomerados económicos. Una convención constituyente liderada por ciudadanos independientes, nos permitirá garantizar el resguardo de los diferentes derechos sociales, que como ciudadanos hemos exigido en las calles, y que el pasado 18 de Octubre del año 2019 detonó en el despertar del movimiento social, que nos llevó, a plantear el actual proceso constituyente. ¿Puede una constitución política creada en plena dictadura militar, en donde además se produjo la violación sistemática de los derechos humanos, garantizar la existencia de un sistema democrático? La respuesta es NO, pues fue una constitución creada a puertas cerradas, que trajo consigo la extirpación de un Estado de bienestar, como principal responsable de la protección de los principales derechos sociales, y que, como consecuencia de ello, impuso un estado subsidiario, que deja al desmedro de la libertad del mercado, la protección de los derechos sociales elementales para la ciudadanía, como la educación, la salud, la vivienda, las jubilaciones entre otros.

Programa

“Propuestas al país por un Estado Constitucional Ambiental, Igualitario y Participativo” Vocación Ambiental Concebimos al ser humano como parte integral e indivisible de la naturaleza, en la que tiene su ser y desarrolla su existencia, siendo su propósito en tanto ser dotado de conciencia, el respeto, cuidado y preservación del equilibrio de los ecosistemas y la sustentabilidad de las diversas formas de vida en el planeta tierra. Esta cosmovisión, fundamentada en un conocimiento científico y complementada con el saber indígena ancestral, ha permitido una creciente comprensión de los fenómenos naturales y las leyes universales que determinan el bien más preciado y escaso en el universo conocido, la vida. De ella emana un nuevo concepto de la dignidad humana, llamado a reemplazar el paradigma de la competencia egoísta por uno nuevo, basado en la colaboración solidaria entre las personas. Vocación Igualitaria Promovemos la igualdad de género, el respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios como culturas esenciales de la sociedad chilena, así como la valoración de las minorías y de los inmigrantes. Queremos colaborar en la construcción de una sociedad inclusiva. Promoveremos un estado plurinacional y la plena igualdad de hombres y mujeres, así como la garantía de no discriminación respecto de la diversidad sexual y los extranjeros y extranjeras, y todo grupo social que requiera de protección. Promovemos el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y en general la autodeterminación sobre el propio cuerpo. Vemos al ser humano como un ser integral, social, que con los otros construye relaciones y estructuras que generan bienestar físico, material, social y espiritual. Nos parece absolutamente necesario consagrar un Estado laico que al mismo tiempo respete las libertades de conciencia, creencia, expresión, reunión y asociación, debiendo velarse por la separación de Religión-Estado. Los deberes constitucionales Los desafíos que enfrentamos obligan a precisar los deberes constitucionales que debemos cumplir para que sea posible un nuevo tipo de constitucionalismo: El primero es el respeto por la diversidad, lo que implica el deber de tratar a los distintos como legítimos otros. El deber de proteger a nuestras ancianas y ancianos, así como a toda minoría. El deber ineludible de respetar y proveer las condiciones para la recreación de las naciones y pueblos indígenas que coexisten con la nación chilena. El deber de estudiar y trabajar con responsabilidad, asumiendo que estas actividades tienen un profundo impacto social y no sólo un interés individual. El deber de proveer condiciones dignas para las trabajadoras y trabajadores y un salario justo que habilite para llevar una vida digna y libre. El deber de formarse para la vida ciudadana y por consiguiente el de votar en las elecciones de las autoridades locales y nacionales; de participar en los plebiscitos comunales y en los presupuestos participativos comunales. El deber de mantener una relación armónica con la naturaleza, velando por los derechos de la madre tierra y el derecho de las generaciones futuras a vivir en un medio ambiente sano. El deber de defender la integridad territorial del Estado y de contribuir a los gastos públicos. El deber de respetar cabalmente la nueva Constitución, así como las leyes que se vayan dictando conforme a ella. El deber de respetar el régimen democrático, los derechos humanos y el orden público propio de un régimen democrático y de un gobierno legítimo. Todo acto de corrupción que afecte al régimen político es una desviación moral que daña gravemente el régimen democrático. Vocación Participativa Las organizaciones sociales deben tener una participación protagónica en el ejercicio de los gobiernos locales y regionales. Creemos que debe existir la posibilidad de convocatoria a plebiscito comunal por iniciativa popular, así como también la iniciativa popular de ley; y deben consagrarse mecanismos de control y de revocación de mandatos a las autoridades. A su vez, es necesario fortalecer a las juntas de vecinos, las cooperativas y otras organizaciones sociales no gubernamentales que puedan visibilizar las inquietudes de la ciudadanía e incrementar la participación. Los partidos políticos deben ser regulados constitucionalmente, exigiendo una organización democrática y participativa con pleno respecto de la voluntad de sus militantes, poniendo fin a todos los mecanismos que permiten a las cúpulas no acatar la voluntad de las bases democráticamente manifestada. Promoveremos que la nueva Constitución fortalezca el gobierno municipal y los canales de participación de la comunidad de vecinos, ampliando el mecanismo plebiscitario y estableciendo el carácter vinculante de sus resultados. Debe consagrarse constitucionalmente la figura del presupuesto participativo plurianual vinculado a un plan de desarrollo comunal participativo. Valoración de la democracia y la actividad política Somos un movimiento pacifista con profunda vocación democrática, que considera fundamental la actividad política como principal antídoto ante la corrupción que viene dañando la adhesión de la población con el sistema democrático. Estamos convencidos que el fortalecimiento de la participación política y el mejoramiento del sistema democrático contribuye de manera decisiva a la libertad, la igualdad formal y material, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Estamos conscientes de la profundidad de los cambios sociales, económicos, culturales, científicos, tecnológicos y políticos que se han producido en Chile, por lo que consideramos que es nuestro deber revisar y proponer estándares políticos y éticos que estén a la altura de estas transformaciones, y que permitan alcanzar una sociedad cuyo imperativo ético debe ser la dignidad del ser humano y de los seres vivos por sobre cualquier otro asunto. Dadas las prácticas neoliberales que han impregnado las instituciones, propondremos una revisión de los fines y objetivos del Banco Central, de manera tal que contribuya de modo eficiente a la nueva economía que demanda el nuevo escenario. Este movimiento nace en un país y un mundo que atraviesan fuertes crisis institucionales, democráticas y valorativas. En esta perspectiva, la Nueva Constitución es el punto de partida para forjar un nuevo pacto social que nos permita avanzar con unidad hacia el futuro. Necesitamos una república inclusiva que resuelva los defectos de la discriminación por razón de género, de ser inmigrantes o de ser pobres, avanzando hacia mecanismos positivos de inclusión. Promoveremos una Nueva Constitución que resuelva los defectos de representatividad actuales, como el denominado “clientelismo político”, bajo un sistema que otorgue mayores facultades al Parlamento. Propondremos establecer un sistema unicameral, un régimen de Gobierno Semi Presidencial o similar, con una regionalización efectiva y mecanismos de mayor participación ciudadana y de la sociedad civil en la toma de decisiones, combinando la democracia representativa con instrumentos de democracia directa. Es necesario garantizar la independencia externa e interna del Poder Judicial, así como realizar una revisión profunda de los mecanismos destinados a velar por el respeto de la Constitución, lo que implica una nueva visión sobre el control de constitucionalidad que podría estar radicada en una sala especializada de una nueva Corte Suprema en el contexto de una sociedad que promueve la responsabilidad de todas las autoridades. Asimismo, es necesario una república que supere las falencias del actual Estado unitario centralizado y discriminador, bajo mecanismos que incorporen a las regiones y los pueblos originarios. Esta tarea parte con un reconocimiento a nuestro defecto de ser un país racista y clasista, característica social que debe ser combatida y superada. Fortalecimiento de las regiones Asimismo, tenemos una opción descentralizadora y regionalista. Promoveremos una revisión del actual sistema de regionalización e impulsaremos la desconcentración del país. Nos parece que deben explorarse las posibilidades de concebir una macrozona norte, centro y sur que supere la actual organización regional y combine equilibradamente las potencialidades de los territorios y fortalezca al mismo tiempo al Estado de Chile. Estado y Mercado Para enfrentar los desafíos del futuro no cabe la disyuntiva entre el mercado y el Estado, ambos son pilares del desarrollo, sin embargo, el abuso de los oligopolios y monopolios, las penumbras del mercado y la inexactitud de las leyes y teorías económicas que se sostienen sobre la base de creencias inaceptables como el egoísmo humano y la mano invisible, nos indican que no se justifica socialmente una defensa dogmática del mercado y la competencia. El mercado sólo debe ser visto como uno más de los instrumentos que operan en la actividad económica. Concebimos un modelo de desarrollo que supere las injusticias de la concentración del poder económico y que aspire a superar el techo de crecimiento que nos impida avanzar en la generación de valor agregado. Debemos aspirar a un real fortalecimiento de la productividad, mucho más allá de la tradicional explotación de nuestros recursos naturales. Consideramos que la ciencia económica debe enfocarse en determinar cómo avanzamos hacia un modelo económico que supere la actual cuestión social y ponga en el centro al trabajo humano como el gran productor de riqueza, y por ende como el primero en ser beneficiado: necesitamos de una nueva economía y de una nueva ciencia económica. Esta nueva economía debe ser ejecutada siempre pensando en la disminución del impacto negativo sobre la naturaleza y los seres humanos, considerando la gravedad del cambio climático y su impacto en la transformación del medio ambiente. Esta nueva economía social debe anticiparse a las consecuencias negativas sobre el trabajo que ha traído la revolución tecnológica. Ante la automatización y robótica de los procesos productivos, comerciales y financieros, se debe comprometer con el cambio y adaptación cultural que comenzamos a experimentar las personas ante la denominada “cuarta revolución industrial”. El Estado y la sociedad debe asumir el desempleo que acarreará la sustitución de mano de obra como consecuencia de estas transformaciones. También es necesario establecer apoyos eficientes para pequeñas y medianas empresas que se desenvuelvan en mercados poco transparentes y en que operen grandes oferentes. Desde el punto de vista empresarial daremos incentivos para la formación y consolidación de las llamada empresas B por su compromiso con la transparencia y el medio ambiente. El silencio de los pobres y el drama de la pobreza Promoveremos un Estado activo en el enfrentamiento de la pobreza, de modo tal que la misma no sea invisibilizada por el enfrentamiento de otros problemas sociales. La pobreza azota a millones de chilenas y chilenos, daña severamente las posibilidades de las niñas y niños, de las jovencitas y de los jóvenes de alcanzar el pleno ejercicio de su libertad. La desigualdad que los azota daña severamente su dignidad y por ende su autoestima, y los condena a aceptar su condición de inferioridad como un hecho casi natural. Denunciamos como inhumana toda forma de organización que, bajo el pretexto de enfrentar los cambios culturales, desplaza a la lucha contra la pobreza a una tarea de segundo orden. Estado integrado internacionalmente y Administración Pública virtuosa Las relaciones internacionales de los gobiernos deben inspirarse en una concepción del Estado de Chile como artífice y promotor de la paz regional, continental y mundial. Un Estado que privilegia la diplomacia y fortalece la institucionalidad internacional democrática y protectora de los derechos humanos. Un Estado abierto al mundo y al mismo tiempo protector de su derecho a autodeterminación en materia económica y política en el contexto de una sociedad democrática. Las Fuerzas Armadas deben contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática y de derechos humanos que deben inspiran toda la actividad estatal, lo que implica una profunda revisión de la doctrina de la seguridad nacional por su carácter antidemocrático, y su reemplazo por una concepción coherente con los valores que se promueven democráticamente en la sociedad civil. Las fuerzas de Orden y Seguridad deben ser reorganizadas de forma tal que la sociedad civil las reconozca como un legítimo brazo armado del Derecho y como respetuosas de los derechos civiles y políticos de la población, así como instituciones eficaces y respetadas en el combate de las nuevas formas de delincuencia que amenazan con destruir la familia, la propiedad fiscal y privada, la paz y la seguridad de la vida cotidiana. El combate al narcotráfico y a la corrupción deben ser prioridad, por el severo daño que provoca a las personas, familias, los colectivos y al país en general. Pensamos que el rol activo del Estado implica superar la visión del mismo como una estructura burocrática capturada por los partidos políticos de turno en el Gobierno. Procuraremos que el personal estatal sea elegido por concurso público, y que los funcionarios públicos sean entrenados en la solución de los problemas que genera la actividad burocrática y se empapen de una nueva cultura de gestión. El Estado debe ser parte de la solución de los problemas, no uno de los problemas. Ello implica una profunda transformación de la cultura del funcionario público. Un Estado activo y fuerte solo es legítimo si la ciudadanía experimenta su actuación como una contribución eficiente y eficaz al quehacer de la sociedad civil. Hay que superar la creencia de ser el Estado parte del botín de los partidos políticos. La normativa constitucional debe prohibir expresamente que la administración pública viole los derechos de las trabajadoras y trabajadores del Estado, privándolos del derecho de sindicalización y de los derechos propios de la relación jurídico-laboral al recurrir de manera usual a la fórmula de la contratación a honorarios. Sociedad y familia Queremos consagrar en la nueva Constitución lo social y comunitario de manera tal que los gobiernos diseñen políticas públicas que fortalezcan a las familias, respetando su amplia diversidad, y resuelvan las falencias de protección de sus miembros. Es imperativo que el Estado se ocupe activa y directamente del sistema de pensiones, natalidad, educación, salud, vivienda, discapacidad, vejez. El envejecimiento digno supone necesariamente una pensión digna. Aquí el rol del Estado y la sociedad es central para alcanzar una justa solución. El derecho a una justa remuneración y el fortalecimiento de la actividad sindical son componentes básicos de esta solución. En términos de salud y bienestar, la salud pública y otros servicios relacionados deben generar todas las condiciones que permitan una estrategia de atención digna, a tiempo y de calidad para las enfermas y enfermos y en especial las personas mayores. Necesitamos brindar un mejor acceso a alimentos saludables, políticas específicas y estructurales para incrementar el tiempo que todos dedican al ejercicio físico, y para hacer efectiva la participación de los distintos tipos de familia en la crianza. Debemos aumentar el acceso a áreas verdes, brindar una educación que enseñe a niños y niñas a desarrollar su propio bienestar y a aprender a convivir y a vivir plenamente. Necesitamos ampliar la protección que reciben los sectores vulnerables, brindando más acceso a viviendas dignas e integradas socialmente, haciendo universal el acceso gratuito a la educación superior. Educación, ciencia, humanidades y tecnología La Educación Pública debe aspirar a ser la mejor del país en todos los niveles. La revolución tecnológica tiene implicancias en nuestra vida cotidiana por ello consideramos urgente el acceso universal a las nuevas tecnologías en todos los rincones de nuestro país. Creemos que el Estado debe destinar al menos el 4% del PIB para investigación aplicada y ciencia básica, en favor de todas las ciencias, y también de las artes y las humanidades.

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